La Argentina de hoy no es la misma que la de 2010, el país vivía un momento político particular que visto a la distancia casi parece de ciencia ficción. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mostraba apertura hacia reformas sociales progresistas, mientras el país experimentaba transformaciones económicas y sociales significativas. Las conquistas de las organizaciones LGBTIQ+ en el reconocimiento de los derechos para la comunidad venía creciendo después de décadas de trabajo organizado y colectivo, especialmente tras la recuperación democrática de 1983. Desde los años 80, organizaciones como la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) habían trabajado de manera sistemática para conseguir reconocimiento legal. El antecedente más importante fue la aprobación de la Ley 1.004 en Buenos Aires en 2002, que estableció la unión civil para personas del mismo sexo, después de su significativo triunfo, quedaba claro que había que llevar esas conquistas a todo el país y con mayor profundidad.

El Debate Estratégico: Unión Civil vs. Matrimonio

El movimiento LGBTIQ+ argentino atravesó una discusión estratégica fundamental entre 2008 y 2009. Existían dos caminos posibles:

La estrategia civil: Varios sectores del movimiento consideraban que debían impulsar primero una Unión Civil Nacional, similar a la que ya existía en Buenos Aires. En principio esta posición sostenía que la unión civil podría ser una opción alternativa al matrimonio tradicional, considerada como una institución retrograda y opresora asociada al mundo religioso, en contraste con la concepción laica fuertemente arraigada en la historia del movimiento LGBTIQ+. Además, consideraban que sería más fácil conseguir apoyo legislativo para una figura jurídica diferenciada del matrimonio heterosexual.

La estrategia maximalista: Otros sectores, inspirados por la reciente conquista del matrimonio igualitario en España, argumentaban que solo el matrimonio pleno garantizaría igualdad real, de manera que cualquier figura jurídica diferente era calificada como de “segunda categoría”.

Después de intensos debates internos, el consenso de las organizaciones apuntó a la lucha unificada por esta segunda línea estratégica que consideraba que cualquier figura intermedia perpetuaría la discriminación, un dictamen del -ahora desaparecido- Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) coincidió en que no la unión civil solo era un matrimonio diferenciado que además cercenaba derechos.¹El INADI emitió un documento técnico demostrando que el proyecto de unión civil no solo no reconocía derechos como adopción o herencia, sino que los cercenaba También implicaba la modificación del Código Civil y no la elaboración de una nueva figura en la que algunos derechos, particularmente la adopción, podrían quedar afuera.

Visto a la distancia la estrategia fue exitosa para ambas partes, por un lado el enorme peso simbólico del matrimonio igualitario consiguió reconocer sin dudas el proyecto de amor conjunto entre personas del mismo sexo y garantizar igualdad de derechos. Este triunfo sentaría las bases para que en 2015 estuviera el territorio abonado para encarar la modificación en el congreso del Código Civil que tomó el espíritu reformista que consideraba opresora a la institución matrimonial. ²Una de las más modificaciones más importantes se centró en el proceso de divorcio -algo similar a lo ya contemplado en la unión civil en la Ciudad de Buenos Aires- al eliminar las causales de culpabilidad y el requisito de 3 años de matrimonio para solicitarlo. Además, estableció que puede pedirse individual o conjuntamente sin demostrar culpa, introdujo las compensaciones económicas para el cónyuge que sufra desequilibrio patrimonial, y eliminó la separación personal como figura jurídica, exigiendo solo un convenio regulador que resuelva todos los efectos del divorcio (vivienda, bienes, responsabilidad parental y alimentos).
Ley de Matrimonio Civil en Argentina: Divorcio

La Oposición Organizada

Mientras el movimiento LGBTIQ+ planteaba su estrategia e iniciaba el camino hacia el matrimonio igualitario, la resistencia conservadora también se armó para combartirlo, articulada en tres frentes principales:

La Iglesia Católica: Liderada por el entonces cardenal Jorge Bergoglio (futuro Papa Francisco), la Iglesia desarrolló una campaña sistemática de oposición. Organizó procesiones, pronunciamientos públicos y presión sobre legisladores católicos. El 13 de julio de 2010, dos días antes de la votación final, se realizó una multitudinaria marcha en Buenos Aires frente al Congreso que reunió aproximadamente 60.000 personas con la consigna “Los chicos tenemos derecho a una mamá y un papá”. Desde España Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia, ex funcionario del Presidente José María Aznar y representante del Opus Dei, la facción más conservadora de la Iglesia Católica, llegó al país para asesorar sobre estrategias de oposición.³Benigno Blanco había organizado marchas similares en España y se reunió con la Conferencia Episcopal Argentina y dirigentes evangélicos para planificar la marcha del 13 de julio y contó con apoyo de universidades católicas que incluso dieron facilidades a estudiantes para participar. Sin embargo, como también había sucedido en España, esta estrategia estaba destinada a fracasar.
Ver en Pagina12| 12 de julio de 2010

En junio de 2010, Bergoglio quien años después moderaría su postura siendo Sumo Pontífice, supo escribir una famosa carta a las monjas carmelitas calificando el proyecto como una “movida del Diablo” y convocando a una “guerra de Dios”. ⁴ Extracto de la carta de Bergoglio: No seamos ingenuos: no se trata de una simple lucha política; es la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo (éste es sólo el instrumento) sino de una “movida” del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. Jesús nos dice que, para defendernos de este acusador mentiroso, nos enviará el Espíritu de Verdad. Podés leerla completa acá. El efecto fue totalmente adverso, las expresiones de Bergoglio fueron consideradas casi de la inquisición y mostraron el costado más retrógrado a una sociedad que -en ese entonces- se mostraba aperturista al reconocimiento y ampliación de derechos sociales. Paradójicamente en ese momento a nadie pareció convencer la explicación de que el Arzobispado había cedido ante el lado más conservador y reaccionario de la iglesia católica argentina, un línea que Bergoglio parecía no compartir completamente pero que terminó aceptando. En principio la postura del Cardenal habría sido menos beligerante, un rasgo más parecido al que expuso apenas tres años después cuando fue entronado como Papa Francisco. ⁵Quince años después resulta revelador leer el artículo de La Nación escrito por Mariano De Vedia quien señalaba que: “Si bien la estrategia frente al debate sobre el matrimonio gay, que llevó a la Iglesia a tensar al máximo la relación con el Gobierno, había sido promovida por los sectores eclesiásticos más conservadores, fue acordada y asumida como propia por todos los obispos en abril último.”
Ver en La Nación: La Carta de Bergoglio, un error estratégico | 16/07/2010

Sectores políticos conservadores: Tanto dentro del peronismo oficialista como en la oposición, sectores conservadores articularon una ferrea resistencia legislativa. Utilizaron argumentos jurídicos sobre la “familia natural” y consideraciones sobre el “interés superior del niño” y por supuesto presentaron proyectos de unión civil sin la totalidad de derechos que amparaban a las parejas casadas en matrimonio tradicional. Quedaba en ese momento confirmado que la mejor estrategia era ir por el Matrimonio y no aceptar menos.

Organizaciones civiles conservadoras: Agrupaciones como el Instituto de Política Familiar y Corporación de Abogados Católicos desarrollaron intensas campañas de lobby y presión mediática.

Los Primeros Matrimonios y los Desafíos Judiciales

Antes de ir al Congreso, la primera estrategia fue a desafiar el Código Civil en los tribunales, aunque la expectativa era que los registros civiles se negaran a realizar los casamientos y judicializarlos, se buscaba convertir los casos en una discusión a nivel nacional. El caso más emblemático llegó con el matrimonio de Alex Freyre y José María Di Bello, quienes se convirtieron en la primera pareja gay en contraer matrimonio en Argentina y en América Latina el 28 de diciembre de 2009, en Ushuaia, Tierra del Fuego. Este matrimonio fue posible gracias a un decreto de la gobernadora Fabiana Ríos. Previamente, una jueza porteña, Gabriela Seijas, había autorizado su casamiento en Buenos Aires, pero recursos de amparo presentados por asociaciones religiosas lograron suspender la boda en la capital.

Este caso visibilizó la urgencia de una ley nacional y puso de manifiesto la disparidad de derechos y la necesidad de una solución federal. Este hecho, ampliamente publicitado, generó una inmensa presión mediática y pública. Demostró que el marco legal existente era insuficiente e inconsistente, obligando al poder legislativo a abordar el tema. La Corte Suprema ya estaba considerando un fallo sobre el matrimonio igualitario , lo que indicaba que el poder judicial también estaba empujando los límites. Las batallas legales individuales, no fueron incidentes aislados, sino intervenciones estratégicas que expusieron el vacío legal y la demanda social, impulsando efectivamente el tema de los tribunales a la agenda legislativa como una cuestión de urgencia nacional y de igualdad.

El Proceso Legislativo

Primera Etapa: Diputados (2009-2010)

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados en octubre de 2009. Durante seis meses atravesó comisiones parlamentarias donde enfrentó resistencia técnica y política. Los debates en comisión revelaron la complejidad jurídica de modificar el Código Civil.

5 de mayo de 2010: En una sesión que se extendió hasta la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto por 126 votos a favor, 110 en contra y 4 abstenciones. La votación mostró fisuras en todos los bloques políticos.

Segunda Etapa: Senado (mayo-julio 2010)

El Senado representaba el desafío más complejo. La composición política era más conservadora y la presión de la Iglesia Católica más intensa. Durante dos meses, el proyecto atravesó debates en comisiones mientras se desarrollaba una intensa campaña pública. Por un lado el gobierno decidió convertir el matrimonio igualitario en una política de Estado. Cristina Fernández de Kirchner instruyó a su gabinete para trabajar activamente en conseguir los votos necesarios. Su marido Nestor Kirchner votó de manera positiva, lo que impactó fuertemente en ese momento. La presidenta optó sin embargo por no mostrarse como abanderada del proyecto con el fin de que no fuera rechazado por la oposición, especialmente sus más críticos adversarios políticos. En general todos los partidos decidieron liberar a sus diputados votar “en conciencia” sin la usual disciplina de bloque por lo que miembros de un mismo partido político votaron tanto a favor como en contra de la ley.

Tercera Etapa: Cámara de Diputados

El 15 de julio de 2010, a las 4:05 AM, después de 15 horas de debate, el Senado aprobó la Ley 26.618 por 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones. La votación fue nominal y pública, lo que generó enorme tensión política.

Votos decisivos: Los votos de senadores como Marcelo Guinle (UCR-Entre Ríos), Sonia Escudero (PJ-Salta) y María Eugenia Estenssoro (oficialismo-Buenos Aires) resultaron fundamentales para alcanzar la mayoría necesaria.

Impacto y Consecuencias

Cifras Relevantes:

• Primeros dos años: 2.400 matrimonios entre personas del mismo sexo
• Primera década: Más de 10.000 parejas casadas
• 2020: Aproximadamente 20.000 matrimonios igualitarios registrados
• 2025: Se calcula que se han contraido cerca de 40.000 matrimonios.

Impacto Jurídico:

La ley modificó 42 artículos del Código Civil, eliminando referencias específicas a “hombre y mujer” y reemplazándolas por “contrayentes”. También estableció plenos derechos de adopción para parejas del mismo sexo.

Efecto Regional:

Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en aprobar matrimonio igualitario, generando presión política en países vecinos. Uruguay (2013), Brasil (2013), Colombia (2016) y otros países de la región siguieron el ejemplo argentino, sin embargo aun hoy 15 años después Panamá, Perú, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Belice, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana aun no tienen matrimonio igualitario.⁶Un hecho para destacar es que según la CELAG, los Gobiernos encabezados por mujeres como Cristina Fernández, Dilma Rousseff y Michelle Bachelet como los que más concentraron reconocimientos legales LGBTIQ+ y sólo Ecuador, Bolivia y México han incorporado a sus constituciones la prohibición de la discriminación por razones de identidad y orientación sexual, Argentina nunca logró incluirla dentro de su Ley Antidiscriminatoria.
CELAG: Los derechos LGBTI+ en América Latina — CELAG | 28/06/2021

Consecuencias Políticas:

La aprobación fortaleció la imagen progresista del gobierno kirchnerista y consolidó el apoyo de sectores urbanos y jóvenes. También generó tensiones con sectores conservadores del peronismo.

Oposición Judicial:

Después de la sanción, sectores conservadores presentaron recursos de inconstitucionalidad que fueron rechazados por la Corte Suprema en 2012. Los argumentos se centraron en la “defensa de la familia natural” y consideraciones sobre adopción.

Tensiones Religiosas:

La relación entre el Estado y la Iglesia Católica dirigida por Jorge Bergoglio se tensionó significativamente. Esta tensión persistió hasta su pontificado convertido ya en el Papa Francisco.

¿Qué aprendimos?

La aprobación del matrimonio igualitario en Argentina resultó de la convergencia de múltiples factores: contar con un gobierno progresista, un movimiento LGBTIQ+ unido y organizado, un contexto social favorable -gracias al trabajo de activistas históricos y alianzas políticas y una estrategia política efectiva mostrando fortaleza y convicción pero también explicando y generando consenso social. Tiempo después se lograría un éxito similar igual de histórico con la Ley de Identidad de Género. Sin embargo, el proceso también reveló las limitaciones de las reformas legales para transformar completamente las actitudes sociales y sobretodo para sostener las ideas progresistas en la sociedad, permeando la avanzada conservadora que hoy vemos. El movimiento no supo reorganizarse ante los nuevos activismos digitales y la renovación de sus figuras más destacadas que fueron falleciendo como Cesar Cigliutti, Lohana Berkins y Diana Sacayán.

La decisión de ir directamente por el matrimonio, rechazando alternativas intermedias, demostró ser acertada políticamente. La estrategia “todo o nada” generó mayor movilización social y evitó la fragmentación del apoyo político.

La experiencia argentina se convirtió en modelo para otros países de la región, demostrando que era posible conseguir reformas progresistas en sociedades tradicionalmente conservadoras. No obstante, también mostró que los cambios legales requieren sostenimiento político y social a largo plazo para consolidarse efectivamente.

A continuación una línea de tiempo que muestra en resumen las acciones más destacadas a favor y en contra de una de las leyes más significativas de este siglo en Argentina.

Notas

• 1
  El INADI emitió un documento técnico demostrando que el proyecto de unión civil no solo no reconocía derechos como adopción o herencia, sino que los cercenaba
• 2
  Una de las más modificaciones más importantes se centró en el proceso de divorcio -algo similar a lo ya contemplado en la unión civil en la Ciudad de Buenos Aires- al eliminar las causales de culpabilidad y el requisito de 3 años de matrimonio para solicitarlo. Además, estableció que puede pedirse individual o conjuntamente sin demostrar culpa, introdujo las compensaciones económicas para el cónyuge que sufra desequilibrio patrimonial, y eliminó la separación personal como figura jurídica, exigiendo solo un convenio regulador que resuelva todos los efectos del divorcio (vivienda, bienes, responsabilidad parental y alimentos).
  Ley de Matrimonio Civil en Argentina: Divorcio
• 3
  Benigno Blanco había organizado marchas similares en España y se reunió con la Conferencia Episcopal Argentina y dirigentes evangélicos para planificar la marcha del 13 de julio y contó con apoyo de universidades católicas que incluso dieron facilidades a estudiantes para participar. Sin embargo, como también había sucedido en España, esta estrategia estaba destinada a fracasar.
  Ver en Pagina12| 12 de julio de 2010
• 4
  Extracto de la carta de Bergoglio: No seamos ingenuos: no se trata de una simple lucha política; es la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo (éste es sólo el instrumento) sino de una “movida” del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. Jesús nos dice que, para defendernos de este acusador mentiroso, nos enviará el Espíritu de Verdad. Podés leerla completa acá.
• 5
  Quince años después resulta revelador leer el artículo de La Nación escrito por Mariano De Vedia quien señalaba que: “Si bien la estrategia frente al debate sobre el matrimonio gay, que llevó a la Iglesia a tensar al máximo la relación con el Gobierno, había sido promovida por los sectores eclesiásticos más conservadores, fue acordada y asumida como propia por todos los obispos en abril último.”
  Ver en La Nación: La Carta de Bergoglio, un error estratégico | 16/07/2010
• 6
  Un hecho para destacar es que según la CELAG, los Gobiernos encabezados por mujeres como Cristina Fernández, Dilma Rousseff y Michelle Bachelet como los que más concentraron reconocimientos legales LGBTIQ+ y sólo Ecuador, Bolivia y México han incorporado a sus constituciones la prohibición de la discriminación por razones de identidad y orientación sexual, Argentina nunca logró incluirla dentro de su Ley Antidiscriminatoria.
  CELAG: Los derechos LGBTI+ en América Latina — CELAG | 28/06/2021