La medida cautelar 457-13 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgada en favor a la Asociación para una Vida Mejor (APUVIMEH), registra desde el 2009 cómo los miembros de la comunidad LGTBI han sido objeto de asesinatos, amenazas, actos de agresión y hostigamientos, como consecuencia de su actividad en defensa de la comunidad.

Sandra Zambrano, directora ejecutiva de APUVIMEH (Asociación Para Una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-Sida en Honduras) destaca que la citada medida cautelar de la CIDH incluye, entre otros casos, el asesinato del ex secretario general de esa asociación, Walter Orlando Trochez, que tuvo lugar 13 de diciembre de 2009.

“Más recientemente, entre agosto y noviembre de 2013, se intensificó el acoso a varios miembros de la asociación, y el 15 de diciembre de ese mismo año, se irrumpió una celebración para extorsionar y amenazar a muerte a todos los miembros si no se pagaba determinado monto –reseña Zambrano–. Se presume que la amenaza proviene de miembros del cuerpo de seguridad del Estado y vale recalcar que hasta ese momento ninguna autoridad estatal les había otorgado protección”, concluye la activista.

Zambrano relata que con posterioridad a la medida cautelar de la CIDH, se han producido más casos de hostigamiento, tales como: el seguimiento, toma de fotografías y allanamiento habitacional de un miembro por parte de elementos policiales. También señala el ataque físico y amenaza de muerte hacia la activista de la Colectiva Lésbica ANAT/APUVIMEH, Jennifer Artola, ocurrido el 27 de agosto de este año. Finalmente, menciona el reciente asalto a las instalaciones de APUVIMEH, el pasado 29 de septiembre, del que ya se informara días atrás.

Asimismo, Alejandro Valladares, activista y defensor de los derechos humanos en Honduras, reseña el caso de Jonatán Rafael Escobar Cruz, también miembro activo de APUVIMEH, quien desde hace un par de semanas ha empezado a recibir amenazas de muerte, hostigamiento y persecución, a través de llamadas telefónicas. De acuerdo con la información suministrada por Valladares, las amenazas comenzaron cuando Escobar Cruz junto al equipo técnico han empezado a denunciar la impunidad que rodea las muertes de sus compañeros activistas de los derechos LGBTI al Ministerio Público.

Los nombres se suceden, la lista de ataques se incrementa. Zambrano también menciona Arely Gómez, activista trans de su organización. “De manera conjunta con un grupo de defensores de derechos humanos desde APUVIMEH asumimos la responsabilidad de dar seguimiento en el Ministerio Público de los casos de muertes LGBTI”.

La directora de APUVIMEH suma el caso del presidente de la Junta Directiva de la asociación, José Zambrano, reconocido activista LGBTI con 30 años de trabajo, quien dejó el país de manera temporal en marzo por amenazas a muerte. “Hay amenazas en contra de nuestras vidas (aun cuando contamos con la medida cautelar de la CIDH). Las denuncias en contra de la impunidad las venimos realizando desde el año 2010”, señala la activista y concluye: “Hasta el día de hoy ninguna autoridad ha dado las muestras de investigar o de importarle nuestra situación”.

Por su parte, Valladares recuerda que entre 2008 y 2014 suman 185 los miembros de la comunidad LGBTI asesinados en Honduras, “registrándose solo en este año 14 asesinatos por crímenes de odio”.

ILGALAC