América del Sur ha iniciado en los últimos años un proceso político y social que ha devuelto la dignidad a los sectores populares, fundamentalmente en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina. Si bien estos programas han mejorado la distribución del ingreso, no han incorporado en todos los casos una perspectiva de géneros y diversidad sexual. En el caso de Argentina se ha avanzado en políticas de reparación de derechos muy importantes, aunque todavía hay grupos marginados y excluidos, como el colectivo trans.

Por Darío Arias, coordinador de la Agrupación Jóvenes Por La Diversidad (conurbano de Buenos Aires, Argentina) y miembro del Consejo Regional de ILGALAC.

América del Sur ha iniciado en los últimos años un proceso político y social que ha devuelto la dignidad a los sectores populares, fundamentalmente en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina. El sur de la “Patria Grande” ha logrado reducir de manera considerable los índices de pobreza e indigencia a través de políticas laborales e importantes iniciativas sociales de alto impacto como los programas de transferencia condicionada que mejoraron los indicadores de mortalidad infantil, escolaridad y nutrición; ejemplos de estos son “Bolsa Familia” en Brasil, la “Asignación Universal por Hijo” en Argentina o el Bono “Juancito Pinto” en Bolivia.

Si bien estos programas han mejorado la distribución del ingreso, no han incorporado en todos los casos una perspectiva de géneros y diversidad sexual. Cientos de miles de familias conformadas por personas LGBTI no pueden acceder a dichos programas por la invisibilización de sus identidades sexuales y de géneros y la conformación de familias no heterosexuales. Así, la discriminación por orientación sexual e identidad de género en los barrios populares de la región sumada a la situación de vulneración de derechos fundamentales como el trabajo y la vivienda provocan mayor marginación: pobreza sumada a violencia social por identidad sexual son un cóctel explosivo.

En el caso de Argentina se ha avanzado en políticas de reparación de derechos muy importantes: la ley de matrimonio igualitario sancionada en 2010 y la ley de identidad de género promulgada en 2012, en ambos casos con fuerte compromiso del Gobierno Nacional liderado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, medidas que se complementan con programas que lograron reducir drásticamente el desempleo, la pobreza y la indigencia.

El grupo social más excluido en Argentina es el de las personas travestis, transexuales, transgéneros, masculinidades trans e intersex. El colectivo trans es uno de los grupos más marginados y excluidos de nuestro país. Los estudios sobre su situación social son escasos y fundamentalmente han sido impulsados y elaborados por las propias organizaciones sociales que trabajan esta temática.

Las principales conclusiones son las siguientes:

• El 85% afirma que asumió su identidad entre los años de la infancia y los 18 años;
• La gran mayoría manifiesta que fue expulsada de sus hogares en los inicios de la adolescencia;
• El promedio de la edad de fallecimiento es de alrededor de 32 años y el 70,8% dice conocer a alguna travesti que ha fallecido;
• Las principales causas de muerte son: VIH/SIDA (54,7%), asesinatos (16,6%), y el resto se distribuye en suicidios, sobredosis y afecciones derivadas de malas praxis en las adecuaciones corporales;
• En relación al nivel educativo alcanzado, el 73% no completó el nivel secundario, de los cuales el 16% no culminó la educación primaria; solo el 12,5% estudia al momento de contestar la encuesta y el 39,5% dice no incorporarse al sistema educativo por miedo a la discriminación;
• Solo el 53,9% dice habitar en una vivienda propia, de las cuales el 81,5% vive en forma hacinada;
• El 94,8% no se encuentra incorporada al mercado de trabajo formal: el 80% dice estar en situación de prostitución y el 14,8% de las entrevistadas manifestó trabajar en ocupaciones precarias e informales como costura, depilación y peluquería. El 77,5% expresa que dejaría la prostitución. Se concluye que a menor nivel educativo alcanzado, mayor participación en la prostitución;
• El 90% de la población encuestada afirmó haber sido víctima de algún tipo de violencia y el 74,2% manifestó serlo mientras transitaba en la vía pública y el 54,5% en una comisaría.
• El 83,3% expresó haber sufrido abusos por parte de las fuerzas policiales y al indagar sobre el tipo de abuso, a partir de respuestas múltiples los resultados arrojaron que el 82,7% fueron detenidas de manera ilegal, el 57,9% fue golpeada, el 17,3% fue torturada y el 50% fue abusada sexualmente.
• El 81,3% modificó su cuerpo. De ellas, el 86% dijo que se inyectó siliconas, y de ellas el 90% planteó que lo realizó en un domicilio particular. Esto quiere decir que las condiciones de higiene y seguridad eran precarias. De igual forma la calidad de las siliconas aplicadas.

Fuente: Micro Rainbow International
Artículo original: ARGENTINA: El Desafío De Transformar La Igualdad Jurídica Del Colectivo Lgbti En Inclusión Social Para Todos y Todas – PARTE 1