Expresamos nuestra profunda preocupación por la violencia ejercida en contra del pueblo colombiano por parte del gobierno del Presidente Iván Duque como respuesta a las protestas pacíficas del Paro Nacional que, desde el 28 de abril han tenido lugar en diferentes puntos del país, frente al proyecto de reforma tributaria pretendida por el Ejecutivo; y que, a la fecha, según informaciones de organizaciones de la sociedad civil ha resultado en 934 detenciones arbitrarias, 1.728 casos de violencia policial y 234 víctimas de violencia física; 341 intervenciones violentas, 37 homicidios de civiles, 26 personas con heridas en los ojos, 98 casos por disparos con arma de fuero por parte de agentes de la Policía y 11 víctimas de violencia sexual.
Asimismo, repudiamos el uso excesivo de la fuerza pública militar y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), denunciado por organizaciones LGBTI del país, durante las protestas en diferentes ciudades del país en las que las que se ha hecho uso de armas de fuego, gases lacrimógenos, cañones de agua y otros materiales en contra de civiles manifestantes.
Frente a la lucha del pueblo colombiano y ante los anuncios de nuevas movilizaciones, recordamos al Estado colombiano su responsabilidad de proteger los derechos a la vida, integridad personal, manifestación y de libre expresión de sus ciudadanos, así como que las autoridades estatales deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de acompañar las protestas.
El empleo de fuerzas armadas en movilizaciones sociales incrementa el riesgo de que se cometan más violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados deben “limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.
Asimismo, enfatizamos que, cualquier acción estatal que limite el uso de Internet afecta gravemente los derechos de expresión, asociación y reunión de la ciudadanía. Acciones como “apagar” o “interrumpir” Internet son una forma de censura prohibida por la Constitución colombiana y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Exhortamos
- A poner fin a la violencia y represión de las protestas, cesar la militarización de las ciudades y asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos del pueblo colombiano a manifestarse pacíficamente, procurando el diálogo representativo con la sociedad civil.
- Garantizar que cualquier política pública que adopte, se diseñe asegurando la participación real de las personas y los grupos implicados, y se aplique en línea con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos, verificando que las mismas, no sean discriminatorias y respeten, en particular, los derechos de los grupos históricamente marginalizados, y en el contexto de la pandemia del COVID-19 y sus afectaciones diferenciadas. En este sentido, cobra especial relevancia el cumplimiento del acuerdo de paz y su implementación con enfoque de género y reconocimiento de las personas LGBTI.
- Investigar de forma rápida, independiente e imparcial las denuncias por el uso injustificado de la fuerza contra el pueblo colombiano, que ha resultado en la pérdida de docenas de vidas de manifestantes, detenciones arbitrarias, actos de tortura, violencia sexual y denuncias por desaparición de civiles.
- Garantizar el libre uso de Internet, esclarecer el origen de las interferencias en el flujo de la red y demostrar qué acciones han implementado para evitar tales restricciones.
Por todo lo expresado anteriormente, nos solidarizamos y abrazamos a la población LGBTI+ y las organizaciones sociales y las acompañamos en este lucha por una Colombia más igualitaria.
