El Centro de Investigación y para América Central de Derechos Humanos (CIPAC) manifestó su preocupación este jueves por la noticia que se divulgó en medios nacionales en la que se informó que varios legisladores de la Asamblea Legislativa se reunieron con miembros de la Conferencia Episcopal para hablar en contra de la implementación de la Fertilización In Vitro (FIV) en el país.
Este tema, que en este momento se discute tanto en sesiones extraordinarias del congreso, como en el Poder Ejecutivo donde se piensa agilizar su aprobación vía decreto, viene directamente de la mano con la aprobación de normas que permitan el reconocimiento de los derechos de las parejas sexualmente diversas en el país pues, como FIV, se trata de derechos humanos que también han recibido una férrea oposición por parte de las organizaciones religiosas.
Por ello para CIPAC, la petición de la Iglesia para que los legisladores se opongan a este tema, atenta de frente contra los derechos humanos de las mujeres en el país y además expone a Costa Rica a una nueva sanción internacional por violentar el derecho a la maternidad.
Así lo afirmó la directora de CIPAC, Daria Suárez, al ser consultada al respecto.
“Es un irrespeto al derecho a las mujeres costarricenses el que se les violente su derecho a ser madres, cuando la ciencia puede ayudarles en ese sentido. La Iglesia está llamada a brindar su guía a su consejo en temas espirituales sin que ello llegue nunca a violentar los derechos y la integridad de nadie”.
La posición de CIPAC es que la Iglesia Católica detenga su interferencia con el respeto a este y todos los derechos humanos que en este momento se discuten para que Costa Rica cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en diciembre de 2012 nos obligó como país a garantizar el acceso a la FIV.
“Por tanto la Iglesia no debería interferir en decisiones políticas de este calibre que afecten directamente los derechos humanos de los y las costarricenses”, agregó Suarez.
Para el jefe de la Unidad Política de CIPAC, por su parte, este tipo de interferencias atenta contra el papel que el Estado costarricense está obligado a cumplir, como velador del bienestar social de toda la ciudadanía.
“Si bien es cierto la Iglesia Católica es considerada la oficial del Estado según la Constitución Política, Costa Rica es un Estado Social de Derecho el cual debe velar por el disfrute de la ciudadanía, colaborando en su bienestar social y es por ello que la FIV y la Unión entre parejas del mismo sexo, son derechos fundamentales que el estado debe proteger y donde la Iglesia católica no debe de interferir ya que está violentando los derechos fundamentales de la ciudadanía”.
Por eso mismo, Madrigal recordó a los diputados que su deber es trabajar y cumplirle a toda la ciudadanía costarricense y no únicamente a un sector de esta.
“Estamos hablando de derechos humanos y los derechos humanos están por encima de posiciones y de grupos. El deber de los legisladores es garantizar ese derecho”.
La CIDH obligó al Estado a permitir la realización de la técnica desde 2012, sin embargo el no acatamiento de esta orden, motivado por posiciones de grupos contrarios a la técnica, pone en riesgo a Costa Rica de sufrir una condena internacional con graves consecuencias para el país.
Fuente: Prensa CIPAC
