Desde el año 2000 las lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex (Lgbti) han exigido a las autoridades venezolanas la aprobación de leyes contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, la penalización de los crímenes de odio por esas mismas causas, la legalización del matrimonio civil entre parejas del mismo sexo y el reconocimiento de la identidad de las personas trans (transexuales y transgéneros). Exigencias que básicamente buscan el reconocimiento y respeto de derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos “porque no somos distintos, porque mis derechos como Lgbti no son diferentes a mis derechos como ciudadana, y la lucha es esa, ser considerados ciudadanos”, aclara Elena Hernáiz, presidenta de la Fundación Reflejos de Venezuela.
Son hechos tan cotidianos que no son pocos los que se sorprenden y preguntan: “¿Y eso pasa?”; o comentan: “No, vale, yo no creo eso”. Pero sí ocurren. Ante la mirada pasiva del Estado y frente a la indiferencia del prejuicio que condena y los aparta del sistema.
Dos parejas del mismo sexo no pueden solicitar un crédito en conjunto, en un banco, para adquirir una vivienda; individualmente sí, incluso con un primo, pero con esa persona con la que vive desde hace 15 años y se quiere establecer, no.
Por encima de toda ley
Para comprender la situación legal de esta comunidad, que según investigaciones de distintas organizaciones representa entre 10% y 20% de los venezolanos (cifras no oficiales hablan de 3 millones a 5 millones de personas Lgbti en el país), la abogada Tamara Adrián explica que los derechos humanos son universales, de interpretación progresiva y nunca regresiva; son derechos anteriores a las leyes, no los otorga una ley sino que se tienen por el solo hecho de ser humano.
“Los estados pueden restringir o negar derechos humanos a través de leyes segregacionistas, o por vía administrativa judicial, pero también pueden acompañarlos con leyes que instrumenten ese derecho. En el caso de la comunidad Lgbti, es la única población en Venezuela que no tiene iguales derechos ante la ley, porque las leyes no les reconocen los mismos derechos que sí les reconocen a otras personas. ¿Por qué pasa esto? Normalmente por prejuicios. El problema es cuando un prejuicio queda instrumentado en una ley”.
Adrián detalla que esa falta de igualdad ante la ley se traduce, en este caso, en la limitación o negación de cuatro derechos: a la protección contra la discriminación, los derechos de pareja, el reconocimiento de la identidad de las personas trans e intersexuales y el derecho a la protección contra la pobreza y otras causas de exclusión.
A su juicio, en lo único que se ha avanzado en el país es las legislaciones que frenan la discriminación, aunque si se comparan con otros países de la región, lo que se ha hecho “es incipiente”. Aún falta la protección legal contra la discriminación, la aplicación de sanciones en caso de bullying o, por ejemplo, la tipificación de la homofobia como un delito, como en otros países. “Mi expareja tenía un hijo y cuando lo inscribimos en el colegio nos pidieron llevar una autorización para que yo asistiera a las reuniones de padres y representantes si ella en algún momento no podía. Nos dijeron que no, que yo no podía porque legalmente yo no soy nada. En una ocasión solicité incluirla en mi póliza de seguro como mi pareja y no me dejaron porque no había documento que lo demostrara; podía incluirla como alguien dependiente de mí pero no acepté, porque de esa manera no iba a tener todos los beneficios de la cobertura. Son cosas tan sutiles que si no las vives, no las sabes”, comenta Quiteria Franco, coordinadora general de Unión Afirmativa de Venezuela.
Fuente: La Razón
Artículo original: “Legalmente no soy nada”
