Agentes del Estado someten a mujeres a tortura sexual para que admitan delitos que no han cometido o castigar el activismo social.

En la madrugada del 7 de agosto del 2012 Claudia Medina Tamariz, vendedora de productos naturistas, fue detenida en su casa en el puerto de Veracruz por efectivos de la Marina mexicana. Fue torturada con descargas eléctricas y asfixias, le echaron baldes de agua y le introdujeron los dedos en la vagina. Cuando la amenazaron con dañar a sus hijos, ella confesó un delito que no cometió: pertenecer al cártel del narcotráfico “Jalisco Nueva Generación”.

Medina Tamariz permaneció detenida 23 días, salió libre bajo caución y el 26 diciembre pasado una jueza estableció que siguiera bajo proceso por delincuencia organizada, portación de granada y operación con recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos. De acuerdo con la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), existen pruebas contundentes de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la Marina contra la mujer, quien fue torturada psicológica, física y sexualmente. Sin embargo, ninguno de sus torturadores ha sido procesado.

El pasado 30 de setiembre, Amnistía Internacional entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) un petitorio de casi 350,000 firmas, procedentes de varios países del mundo, para que realizara una “investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre la denuncia de tortura presentada por Claudia Medina Tamariz”, y actualmente su caso está siendo analizado por instancias de las Naciones Unidas.

“La tortura sexual es una forma de tortura que se puede ejercer hacia hombres o mujeres, y que en el caso de las mujeres lleva siempre una connotación de misoginia, a través de frases, tocamientos en partes íntimas y atiende a los roles de género que tienen muy introyectados los policías, militares y marinos”, explica a Noticias Aliadas Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). “La sexualización de la tortura hacia las mujeres incluye llamarlas putas, perras, insistir en que a ellas les gusta eso, que este es su papel”.

Culpables andan sueltos

Según el Centro Prodh, algunos estados de la federación mexicana, como el estado de México, no tienen información sobre el número de denuncias por tortura hacia mujeres cometidas por agentes del Estado en los últimos cinco años, mientras que los estados de Campeche, Hidalgo, Durango, Jalisco, Morelos y Nuevo León informan no haber recibido alguna. Stephanie Erin Brewer, abogada del Centro Prodh, indica que esto no hace concluir que no haya problemas, sino al contrario hace cuestionar sobre las condiciones que tienen las mujeres en estos estados.

Los estados de Aguascalientes, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas que sí declararon haber recibido denuncias por parte de mujeres entre 2010 y mediados de 2014, registraron en total 112 casos y no existe ninguna sentencia condenatoria.

Sin embargo, algunas instancias internacionales están analizando las denuncias de tortura sexual de mujeres mexicanas, y en algunos casos emitieron sentencias. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sentenció sobre los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, que fueron torturadas por militares en el 2002, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de fondo sobre el caso de las hermanas González Pérez, víctimas de tortura sexual en Chiapas en 1994.

Además, se está litigando el caso de las mujeres denunciantes de tortura sexual en el marco del operativo policíaco en San Salvador Atenco, estado de México, ocurrido el 3 y 4 de mayo del 2006. Bajo la justificación de imponer orden tras actos de protesta social realizados por grupos de vendedores de flores, agentes policiales incursionaron en el pueblo. La incursión dejó como saldo dos jóvenes muertos y más de 200 personas detenidas arbitrariamente, incluidas 47 mujeres.

“Les puedo asegurar que cuando estuve en prisión todas las mujeres eran torturadas”, declaró Medina Tamariz frente al público participante al cierre de la campaña “Rompiendo el silencio, todas juntas contra la tortura sexual”, que se llevó a cabo el 24 de noviembre pasado en las instalaciones del Centro Prodh, en la Ciudad de México.

Fuente: Noticias Aliadas / Orsetta Bellani
Artículo original: La tortura sexual es práctica institucionalizada