En el marco de este 17 de mayo, Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género, la Fundación Igualdad manifiesta una vez más su enérgico rechazo y preocupación por las diferentes manifestaciones y frentes – denominados “pro-vida”, “pro-familia” – que están ocurriendo de forma coordinada en la región, acciones que fomentan y promueven el discurso de odio y la violencia hacia las mujeres y hacia la personas LGBTI, cuestionando el acceso a los diferentes derechos, justicia, legislaciones y políticas públicas basadas en el reconocimiento y respeto de las orientaciones sexuales e identidades de géneros y sus expresiones. Derechos ganados tras amplias demandas sociales, principalmente de los movimientos feministas y LGBTI, reconocidos por los diferentes instrumentos y convenciones regionales e internacionales de derechos humanos, como así también en las Constituciones de los países, en pos de democracias inclusivas y Estados laicos respetuosos de la democracia, la diversidad, la igualdad y el principio de no discriminación.
Desde la Fundación vemos con suma preocupación el apoyo que distintos gobiernos locales e instituciones vienen dando a esta marchas y frentes, ofreciendo en muchos casos recursos logísticos y publicitarios para aumentar la participación de la ciudadanía; a pesar que las organizaciones y organismos de derechos humanos han señalado la falacia de los argumentos de los organizadores y denunciado el fuerte componente misógino, homo/lesbo/bi/transfóbico presente en las convocatorias, que bajo el argumento de proteger la vida y a la familia “tradicional” lo que fomentan es la restricción de la autonomía de las mujeres y la violencia y el odio contra las personas LGBTI, así como también a toda la diversidad de composiciones familiares, buscando poner en riesgo los avances logrados en políticas de igualdad.
Las autodenominadas organizaciones “ProVida” o “ProFamilia” impulsan una agenda conservadora apoyada por líderes de las iglesias católica y evangélicas principalmente, como también por un sector de la política que desconoce el Estado laico y el marco de derechos humanos. El discurso de estas organizaciones, alimenta la ignorancia y el desconocimiento de la diversidad e incitan al odio, la exclusión, la discriminación, pone en riesgo la seguridad y en muchos casos la vida de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Situación que se refleja en la cantidad alarmante de crímenes y delitos de odio registrados en toda nuestra región, violencia que aumenta año tras año gracias a iniciativas como las aquí denunciadas y la criminalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y las identidades de géneros autopercibidas y sus expresiones, que han sido registradas por el Informe de Homofobia de Estado de ILGA y el de Violencia contra personas LGBTI en América de la CIDH, entre otros.
Pedro Paradiso Sottile, Presidente de la Fundación Igualdad declaró: “Debemos enfrentar y visibilizar las terribles violaciones a los derechos humanos que sufrimos las personas en base a la orientación sexual, identidad de género y sus diversas expresiones, exigir a los Estados velar, construir, resguardar y que reconozcan el ejercicio pleno de los todos los derechos humanos en cumplimiento del mandato democrático y constitucional de igualdad y no discriminación, que se ven menospreciados y burlados por estas graves situaciones e iniciativas discriminatorias que impulsadas por estos frentes, fomentan el odio y la violencia hacia la población en su conjunto”.
