Hace dos meses clausuraron un cine de películas condicionadas en el partido de 3 de Febrero (provincia de Buenos Aires), al que concurrían en su mayoría personas de la comunidad LGTBIQ+ y detuvieron a tres personas. Pero esta situación tiene su comienzo mucho antes, con un proceso de hostigamiento y estigmatización al cine. Desde hacía años las personas a cargo del cine recibían mensajes del municipio, incluido de abogados, para que cambiaran el perfil del lugar.

A estas personas las amenazaban con la clausura y armado de causas. De hecho, un dictamen del INADI durante el gobierno de Cambiemos acredita “la existencia de una conducta discriminatoria por parte de la Municipalidad de 3 de Febrero”. Durante varios años la Municipalidad mantenía un canal de diálogo con el presidente y activista gay de la Fundación Igualdad, Pedro Paradiso Sottile, quien hizo pública toda esta información, denuncia y situación contra los derechos de la diversidad sexual y libertades individuales protegidas por la Constitución Nacional. Esas conversaciones se interrumpieron y, sin que hubiera una comunicación previa, se realizaron las detenciones y la clausura. 

Gustavo y Sergio alquilaban el espacio, vendían las entradas y realizaban tareas de limpieza en el cine. María Laura, la esposa de Gustavo, no trabajaba allí, pero fue imputada por hacer publicaciones en redes en 2021 defendiendo el espacio. También allanaron la casa de Sergio y de su hija, que tampoco es parte de la causa.

Además, en los últimos años, el municipio creó nuevas ordenanzas y modificaciones a los requisitos edilicios para la habilitación de estas salas, que Gustavo y Sergio siempre cumplieron para mantener abierto ese lugar, que era un punto de encuentro de la comunidad.  

En distintos operativos desde el 5 de julio de este año detuvieron a Gustavo y Sergio y a María Laura. Fue a partir de una denuncia presentada por el jefe de gabinete del Municipio, en la que sostenía que vecinos de Ciudadela declararon que el lugar era financiado con la explotación sexual de personas. Esos testimonios, si existen, no están presentados en la causa.  

Dos días después del primer operativo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció desde sus redes sociales que habían desmantelado una red de trata, “rescatado” a seis víctimas y detenido a la pareja que las explotaba, en alusión a Gustavo y María Laura. Sin embargo no hay ninguna causa federal por trata, ni nada de lo que la ministra anunció en redes se comprobó en la causa. 

De hecho, las personas que fueron señaladas como supuestas víctimas, declararon que eran clientas del cine y que iban a la sala voluntariamente. Además, decidieron no incorporarse al programa de protección para víctimas de trata que les propusieron. 

Las autoridades municipales y el Ministerio de Seguridad de Nación informaron que en el lugar se habían cometido delitos federales y la propia investigación de la justicia los desmintió. Sin embargo, las personas acusadas aún están encarceladas.

Lo que sí surge en la causa es que el cine era un punto de encuentro para personas de la comunidad LGTBIQ+, donde se reunían sin ser discriminadas, y que nadie explotaba a nadie. Ahora el edificio está bajo custodia del municipio, que lleva tiempo buscando su cierre. 

CELS
Fundación Igualdad