Transcribimos una nota de prensa de la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil de República Dominicana, difundida este martes, donde se denuncia el retroceso institucional y jurídico que representa la declaración de inconstitucionalidad del instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
(Santo Domingo, República Dominicana). Por constituir un retroceso institucional y jurídico que lesiona el carácter progresivo e irreversible de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil dominicana abajo firmantes rechazamos categóricamente la sentencia 256/14 emitida por el Tribunal Constitucional de República Dominicana, mediante la cual se declara inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Los suscritos demandamos del Estado dominicano refrendar su compromiso con los derechos humanos y los acuerdos voluntariamente contraídos con la comunidad internacional en esa materia, permaneciendo como hasta ahora en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los mecanismos que forman parte del mismo.
Vemos con alarma como nueva vez el TC violenta con sus decisiones la Constitución Dominicana que tiene por misión esencial defender, evidenciando además un preocupante desconocimiento de los principios elementales del derecho internacional y su propia jurisprudencia.
Al pretender limitar el acceso a los mecanismos regionales que garantizan la protección de los derechos humanos, el TC aísla a la ciudadanía de la comunidad internacional, interfiere con el principio de vinculación de los tratados, la continuidad del Estado y emprende un peligroso camino que haría más vulnerable al abuso a cada ciudadano/a, nacional o extranjero, que habita en República Dominicana ante las arbitrariedades del Estado dominicano y sus agentes.
Hacemos un llamado a todos los poderes del Estado a valorar las implicaciones políticas, económicas y sobre el ejercicio de los derechos humanos que conlleva el desacato de las sentencias dictadas por la Corte-IDH, como lo sugiere el TC en su fallo al indicar que nunca ha sido competente para conocer los casos relativos a las violaciones de derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de la República Dominicana.
Ya se ha advertido que para abandonar la jurisdicción de la Corte no basta con impugnar el instrumento mediante el cual el Estado aceptó dicha competencia, sino que dicho Estado debe retirarse de la Convención Americana como tratado de derechos humanos en su totalidad. Si el Poder Ejecutivo, como consecuencia de lo dispuesto por la sentencia TC/0256/14 denunciara la Convención Americana sobre Derechos Humanos, base del mandato de la CorteIDH, desconocería derechos que ya han sido reconocidos internacionalmente a toda persona en la República Dominicana, y a la vez cerraría una importante vía jurídica para demandar justicia una vez agotadas las instancias de reclamo internas, contraviniendo así el Estado social, democrático y de derecho establecido en la Constitución.
Desvincular al país de los órganos que velan por la aplicación de los tratados fundamentales de derechos humanos es incentivar la impunidad, es negar justicia al desaparecido periodista dominicano Narciso González, a las víctimas de desapariciones forzosas y los cientos de personas detenidas, golpeadas o asesinadas por policías y militares en alegados intercambios de disparos.
El veredicto del TC es prueba fehaciente de la dificultad que tienen los ciudadanos/as dominicanos de requerir el cumplimiento de la ley a las instancias que administran justicia en el país cuando el infractor es el propio Estado, lo que intensifica la situación de vulnerabilidad de mujeres afectadas por violencia de género, así como de familiares que reclaman condenas en los casos de feminicidios; Niños y niñas víctimas de abuso sexual y otras formas de violencia; Personas que viven con VIH que son discriminadas y no reciben tratamiento adecuado; Personas excluidas por sus capacidades diferenciadas, creencias, raza, orientación sexual, situación económica o condición de salud; Empresarios, campesinos, trabajadores, periodistas, estudiantes, políticos, sindicalistas y funcionarios públicos cuyos derechos hayan sido vulnerados o no garantizados por el Estado.
Las organizaciones de la sociedad civil aquí representadas, ratificamos nuestra firme decisión de mantenernos vigilantes para evitar se vulneren las garantías del ejercicio pleno de los DDHH en el país.
Exhortamos a cada ciudadano/a estar alerta frente al retroceso jurídico y político que significa un eventual desconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte-IDH sobre la base de una decisión insensata con la que el TC vuelve a colocarnos en el ojo del huracán, enviando a la comunidad internacional un negativo mensaje sobre República Dominicana como un país irrespetuoso de los compromisos asumidos, los derechos adquiridos y la dignidad de sus ciudadanos/as.
Organizaciones firmantes
Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA); Diversidad Dominicana; Foro Feminista; Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado (COLADIC); Colectiva Mujer y Salud; Red de Voluntarios de Amigos Siempre Amigos (REVASA); Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Dominicana de Religiosos; Centro de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL); Coalición LGBT; Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-RD); Coordinadora Lésbica y de Hombres Trans RD -COLEHT-; Centro de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL); Centro de Formación Social y Agraria (CEFASA); Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO); Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF); Centro Cultural Dominico- Haitiano (CCDH); Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN); Centro Bonó; Fundación Étnica Integral (FEI); Movimiento de Mujeres Dominico- Haitianas (MUDHA); Movimiento Reconoci.do; Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV); Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo en el Caribe (OBMICA); Plataforma Dominican@s por Derecho; Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM); Red de Encuentro Jacques Viau; Movimiento Socio Cultural para Trabajadores Haitianos (MOSCTHA); Red Fronteriza Jano Sikse; Solidaridad Fronteriza; Transsa Dominicana; Mesa nacional para las Migraciones y refugiados en República Dominicana (MENAMIRD); Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJIL); Servicio Jesuita a Migrantes Jimani; Plataforma Dominicana de Afrodescendientes; Fuerza Laboral; Alas de Igualdad.
Representantes de la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil de República Dominicana
Fuente: TRANSSA Dominicana
Artículo original: Eventual salida de la Corte-IDH afectaría a toda la población
