¿Cómo ha sido el proceso de conformación del observatorio, construirlo prácticamente desde cero?

Lo primero fue hacer una definición metodológica, lo cual implicó resolver los primeros interrogantes que se fueron presentando: ¿Cuál es la definición de crimen de odio y cuál es el alcance y la limitación de esta definición?; ¿Qué, en contraste, queda definido como violencia por prejuicio? ¿Cómo abordar estos hechos en una región tan compleja y diversa? En consecuencia, se presentó la necesidad de consensuar definiciones teórico-conceptuales que, por un lado, contaran con la suficiente amplitud requerida para una región de más de 645 millones de habitantes y, a su vez, con unas peculiaridades económicas, sociales y culturales que permitieran abordar la problemática desde una óptica sur-sur, aportando a la producción de un conocimiento con sello siempre regional. En este sentido, la principal referencia lo constituye el libro Crímenes de odio contra personas LGBTI en América Latina y el Caribe, de Martín De Grazia y editado por ILGALAC en 2020 como primer insumo del Observatorio.

Se puede pensar que lo ideal es encontrar una definición tan general y a la vez tan precisa que sirva para aplicarla en todos los países o en todas las situaciones, pero ¿Es eso posible?

Sería lo ideal, pero lo que vemos es que no es posible e incluso no es del todo deseable, es importante incluir unos trazos generales en la construcción de sus definiciones, por ejemplo es prioritario encontrar una perspectiva regional, a pesar de la inmensa pluralidad y extensa geografía de nuestro continente; también trabajamos por dar cuenta de la situación económica, la región en la que se circunscribe nuestro Observatorio es la más desigual del mundo, y varios de sus países presentan preocupantes índices de violencia estructural. La creciente polarización política y el aumento de modalidades delictivas del crimen organizado han vuelto a la región aún más violenta, con el agravante de que casi cualquier hecho criminal cuenta una alta posibilidad de resultar impune. Además, al tener zonas con violencia endémica, las expresiones violentas menos acuciantes quedan invisibilizadas y los hechos de violencia psicológica o simbólica son prácticamente ignorados por los estados y la población en general que entiende que las realidades solo son visibles cuando se ocurren en sus peores expresiones.

¿Frecuentemente leemos datos sobre crímenes de odio, el Observatorio creará los suyos propios?¿reemplazará a las inciativas locales que existen hoy?

De ninguna manera, de hecho nuestro punto de partida fue recuperar esos datos dispersos por toda la geografía latinoamericana, actualmente hay muchos esfuerzos locales valiosos, todos realizados con muchísimo esfuerzo de parte de las organizaciones que son las únicas que hacen relevamiento ante la ausencia del estado. Es cierto que encontramos también una fuerte disparidad en las metodologías y muchísimo subregistro de casos, hasta ahora recuperamos información de más de 20 países, además de iniciativas subregionales como la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI+ en América Latina y el Caribe que calculó que más de 1.300 personas LGTBI+ fueron asesinadas en nueve países de América Latina y el Caribe entre 2014 y 2019; esto equivale a 1 persona por día aproximadamente. En tanto, el Registro de Violencia contra personas LGBT en América, publicado por la CIDH en 2014, alertó sobre los alarmantes niveles de violencia que enfrentamos: al menos 770 actos de violencia fueron perpetrados contra personas LGBTI+ en la región, incluyendo 594 asesinatos entre enero de 2013 y marzo de 2014.

Contar con esta información es extremadamente valioso y recuperamos estos insumos constantemente, pero la labor del Observatorio tiene que ver más con el análisis de la violencia como fenómeno y hacer un seguimiento del esfuerzo de los países para proteger a sus ciudadanes LGBTI de las violencias particulares que reciben para que no ocurran, castigar y reparar cuando sucedan y comprometerse a que no se repitan nunca más.

Y es que a pesar de las reiteradas recomendaciones del sistema de DDHH de la región o los esfuerzos del activismo LGBTI, muchos de los Estados todavía no han definido líneas claras o efectivas para habilitar un cambio estructural.

Ante este panorama ¿Qué se necesita para alcanzar un cambio?¿Qué puede aportar el observatorio?

Desde ILGALAC creemos que siempre la solución será responsabilidad de los Estados. Hoy vemos la persistencia de una serie de obstáculos estructurales que dificultan la erradicación de los hechos de violencia: 1) la falta de fondos económicos destinados a la prevención de la discriminación 2) Una amplitud y diversidad geográfica extrema con una marcada desigualdad económica que se reproduce incluso al interior de los países, con las periferias urbanas apareciendo como más reaccionarias; 3) La reticencia estatal a incorporar –en algunos casos, incluso a debatir– el tema; 4) Las fuerzas conservadoras que operan por desconocer la problemática y sus discursos de odio que habilitan las expresiones violentas y ponen en la mira a las personas LGBTI; 5) El desinterés mediático y periodístico de exponer estos temas con la seriedad y responsabilidad que merecen; 6) Las resistencias estructurales en las instituciones de nuestros países que convierten a los sistemas educativos, laborales y de salud en reproductores de violencias simbólicas y psicológicas (y algunas veces físicas) y 7) La marcada inacción del poder judicial en nuestra región. La administración de justicia en muy poquísimos casos incorpora una perspectiva de género en sus resoluciones, especialmente en la instrucción de las investigaciones y los fallos de los jueces de primer nivel. Por lo que hemos visto hasta ahora, se hace urgente que el poder judicial se convierta en garante y no reproductor de violencia para las personas LGBTI. Con preocupación vemos que hay fallas en prácticamente todos los niveles de la rama judicial, eso aleja a les ciudadanes LGBTI quienes en muchos casos evitan denunciar y cuando se animan, los procesos son excesivamente largos, costosos y en la mayoría de los casos, revictimizantes.

¿Qué pueden esperar las organizaciones LGBTI del Observatorio este 2021?

La pandemia complicó muchísimas cosas y ralentizó algunos procesos que teníamos previstos por cuanto apuntábamos inicialmente a la presencialidad. Sin embargo, esperamos en junio hacer una presentación formal con los primeros datos, quizás los de trazo más grueso y a lo largo del año pondremos a disposición diversos materiales gráficos y narrativos de todo el estudio que hicimos en 2020 y las entrevistas realizadas en seis países, es un proyecto ambicioso, pero que esperamos aporte significativamente al interés, al estudio y a la agenda de las organizaciones LGBTI en toda la región y especialmente movilice a los estados para que incorporen en sus políticas estas cuestiones que no solo favorecen a la comunidad LGBTI preservando la vida y la seguridad de miles de personas, sino que contribuye a que seamos una sociedad más justa y al final, más humana.